CIUDAD DE MÉXICO 29 DE MAYO DE 2026.- Luego de una sesión maratónica, la más larga de la actual legislatura, con 33 horas continuas, la diputada Anabel Acosta Islas dijo que en la Cámara de Diputados lograron aprobar tres instrumentos jurídicos, dos de carácter constitucional y uno reglamentario, con los cuales se pretende fortalecer la vida democrática e institucional del país.
La legisladora indicó que se aprobó el dictamen en materia de reforma al Poder Judicial, por lo que la elección contemplada para el 2027 se pospondrá para el 2028, y así mejorar el proceso de selección de candidatos a jueces y magistrados, agilizar la votación simplificando las boletas y para evitar que las personas se confundan, debido a que el próximo año se elegirán miles de cargos públicos, proceso catalogado como uno de los más grandes a nivel nacional.
Agregó que también se aprobó en lo general y lo particular la reforma al artículo 41 constitucional, al incorporar una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, la cual entrará en vigor hasta el 2030.
Acosta Islas mencionó que dicha decisión es para garantizar que la renovación de los poderes públicos sea de elecciones libres, auténticas y ajenas a cualquier influencia extranjera, así como el reforzar el sistema de nulidades electorales mediante mecanismos orientados a preservar la legitimidad democrática.“Cuando se acrediten posibles actos de intervención extranjera en los resultados de las elecciones, el proceso electoral será anulado, con lo que se pretende fortalecer la protección constitucional de la soberanía nacional y la independencia política frente a posibles actos de injerencia externa”, expresó.
La diputada federal destacó que también se aprobaron modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas, con lo que se busca tener a los mejores perfiles durante los próximos comicios electorales, por lo que dentro del INE se creará la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que se encargará de revisar a los aspirantes presentados por los partidos y así evitar que personas vinculadas con el crimen organizado o lavado de dinero lleguen como candidatos a las boletas.
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