CIUDAD DE MÉXICO 8 DE ABRIL DE 2026.- La diputada federal Anabel Acosta Islas dijo que a través de la aprobación del Plan B se podrán combatir privilegios, ahorrar recursos y hacer más eficiente el presupuesto público, por lo que respalda la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Indicó que la iniciativa presidencial, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia político electoral, con el objetivo de combatir gastos excesivos, ya que pone límite a la integración de municipios, reduce el presupuesto de congresos locales y establece que las remuneraciones de funcionarios electorales no deberán ser mayores a las que percibe la presidenta de la República.
La legisladora precisó que con la aprobación el Plan B, en la integración de los municipios solo se podrá tener una sindicatura y hasta 15 regidurías, tomando en cuenta los principios de paridad de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.
«Lo que se pretende con el Plan B es trabajar en la reducción de costos en ayuntamientos y congresos locales, la prohibición de que consejeros y magistrados electorales perciban una remuneración superior a la de la presidenta, no podrán contratar seguros médicos privados ni regímenes de retiro especiales con recursos públicos», destacó.
Acosta Islas mencionó que presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá exceder de 0.70 por ciento del presupuesto estatal y se prevé un recorte progresivo del 15 por ciento al presupuesto del Senado en los próximos cuatro años.»El objetivo con esto es que los recursos públicos que resulten se quedarán en el patrimonio de la hacienda pública de cada municipio y se destinarán a obras de infraestructura en beneficio de la población, para así tener un país más justo e incluyente, a través del uso responsable y transparente de los recursos públicos», explicó.
Cabe señalar que tras su aprobación en el Congreso de la Unión, la reforma se remitió a los congresos estatales, donde requerirá la aprobación de al menos 17 legislaturas locales para que pueda entrar en vigor.
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