-La propuesta busca combatir prácticas de impago y abuso en el arrendamiento de inmuebles.
Hermosillo, Sonora; 20 de noviembre de 2025.- La diputada Ely Sallard Hernández presentó una Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar diversas disposiciones al Código Civil del Estado, con el fin de crear el Registro Estatal de Arrendatarios Morosos y establecer el Certificado de No Arrendatario Moroso como requisito obligatorio para la celebración de contratos.
Durante la exposición de motivos, la diputada de Morena explicó que la propuesta responde al creciente número de conflictos derivados del incumplimiento en el pago de rentas, daños a inmuebles, uso de identidades falsas y procesos judiciales prolongados que afectan significativamente a los arrendadores en Sonora.Según datos proporcionados por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ), entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2025 se registraron mil 926 juicios por falta de pago de rentas en los juzgados civiles y especializados en materia de arrendamiento. El tiempo promedio para resolver estos procesos es de 140 días, lo que genera costos económicos y desgaste emocional para los propietarios.
Sallard Hernández señaló que, además del incumplimiento recurrente, algunos arrendatarios siguen un patrón que consiste en rentar inmuebles, dejar de pagar y trasladarse a otra propiedad para repetir la conducta, afectando a múltiples arrendadores.
“Se propone la creación de un registro de arrendatarios morosos, administrado por el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, el cual se encargará de registrar a todos aquellos arrendatarios morosos en el estado, así como de expedir el Certificado de No Arrendatario Moroso, como requisito obligatorio para la formalización de un contrato de arrendamiento de un inmueble, sea para casa habitación o uso comercial”, explicó la legisladora morenista.
Asimismo, se plantea que se registren en este padrón únicamente los arrendatarios que, mediante sentencia firme, hayan sido condenados por adeudo de rentas u otras prestaciones derivadas del contrato. La permanencia en el registro será de diez años, ampliable a quince en caso de reincidencia, permitiéndose la eliminación del registro una vez transcurrido el periodo correspondiente.
La diputada afirmó que esta medida busca proteger el patrimonio de los arrendadores, brindar seguridad jurídica, disminuir la incidencia de morosidad y transparentar las relaciones contractuales entre propietarios e inquilinos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Vivienda para su análisis y dictaminación.
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