-Incentiva el cumplimiento fiscal y facilita la regularización de establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas.
Hermosillo, Sonora; 27 de noviembre de 2025.– Con el propósito de fortalecer la relación entre el sector productivo y el Gobierno de Sonora, así como de incentivar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa de la diputada Ely Sallard Hernández, mediante la cual se disminuyen los montos de cobro por derechos relacionados con la revalidación y el canje de licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
La legisladora destacó que esta propuesta se sustenta en los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027, particularmente en lo referente al fortalecimiento de la colaboración entre los sectores público y privado.Subrayó que la aprobación de esta iniciativa responde a los resultados favorables observados tras la implementación del estímulo fiscal por pronto pago del derecho de canje de licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, publicado el 27 de febrero de 2025 en el Boletín Oficial del Estado. Dicho antecedente demuestra la efectividad de los incentivos fiscales para impulsar la regularización y el pago oportuno de trámites.
La reforma aprobada modifica diversas disposiciones del Artículo 302 de la Ley de Hacienda del Estado, lo que beneficiará a establecimientos como fábricas, expendios, restaurantes, tiendas de autoservicio, centros nocturnos, hoteles, moteles, billares, tiendas de abarrotes y productores de cerveza artesanal, entre otros.“La presente iniciativa tiene el propósito de disminuir los montos correspondientes al cobro de los derechos vinculados con la revalidación y el canje de licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Esta medida busca generar condiciones más favorables para el cumplimiento oportuno por parte de los contribuyentes, incentivando no solo el pago de los derechos, sino también el cumplimiento integral de sus obligaciones fiscales”, mencionó.
El decreto aprobado establece que las modificaciones entrarán en vigor el primero de enero de 2026, una vez publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y contempla la derogación de cualquier disposición que se oponga a lo aprobado.
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