-Con esta reforma, el estado refuerza su compromiso con los derechos humanos y la prevención de la violencia en los hogares sonorenses.
Hermosillo, Sonora; 20 de noviembre de 2025.- El Congreso del Estado de Sonora aprobó la iniciativa presentada por la diputada Marcela “Maval” Valenzuela Nevárez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, que reforma el Artículo 234-A del Código Penal del Estado, con el objetivo de garantizar una mayor protección a mujeres embarazadas y personas con discapacidad frente a la violencia familiar.
Con esta reforma, se incorporan como agravantes del delito de violencia familiar los casos en que las víctimas sean mujeres en estado de gestación o personas con discapacidad, reconociéndose su especial vulnerabilidad especial y fortaleciendo el marco legal para sancionar de manera más severa estos delitos.
La diputada Valenzuela Nevárez destacó que la iniciativa responde a la necesidad de proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad, y se alinea con los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible, en particular con el Objetivo 16 de la Agenda 2030: Paz, Justicia e instituciones Sólidas.Subrayó que a la persona que cometa el delito de violencia familiar se le impondrán de uno a seis años de prisión, así como la pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de alimentos, de carácter sucesorio, y la prohibición de ir a un lugar determinado o residir en él.
Cuando la víctima sea un menor, la persona responsable será condenada a la pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad, según las circunstancias del caso, a juicio del juez. Si el delito se cometiera en contra de la víctima, por su condición de género, se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte.“El victimario deberá sujetarse a un tratamiento psicológico especializado como una medida para buscar su rehabilitación. Si se rehabilita, podrá recuperar el derecho de alimentos por resolución judicial. Cuando las conductas se cometan en contra de una mujer embarazada o una persona con discapacidad, la pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo”, subrayó la legisladora.
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